Informe especial. Infraestructura en Argentina: oportunidades y desafíos para el sector

En el día de la fecha, Fitch publicó “Infraestructura en Argentina: oportunidades y desafíos para el sector”. Se trata de un informe especial en el que se analiza el entorno actual del desarrollo de infraestructura en el país y los desafíos que el sector debe afrontar hacia adelante. A continuación, algunas de las conclusiones del informe. Durante la década del ’90, a través de asociaciones públicas-privadas (PPPs), los inversores tuvieron un papel clave en el desarrollo de los principales proyectos de infraestructura. Sin embargo, luego de la crisis económica de 2002 la mayoría de estos inversores se vieron forzados a renegociar los términos y condiciones de sus tarifas originales y de sus contratos de concesión, lo cual derivó en importantes pérdidas del capital invertido. Debido a la continuidad de un alto riesgo regulatorio, las inversiones privadas no han sido importantes desde la crisis. Como consecuencia, el gobierno debió asumir la carga financiera que implicó el crecimiento de la infraestructura, y respondió incrementando sus gastos en obras públicas desde aproximadamente $ 4.000 millones en 2004 a más de $ 13.000 millones en 2006. Al respecto, Ana Ares, Senior Director del sector de Finanzas Corporativas de Fitch Argentina, sostiene: “Si bien es necesario que el gobierno cumpla con un rol activo en el crecimiento de la infraestructura, atraer tanto financiamiento privado como sea posible, permitiría cubrir más rápidamente el déficit de infraestructura existente en el país”. Contrariamente a lo que ocurriera en los ’90, en la década actual las obras públicas han sido mayormente financiadas a través del superávit fiscal o de vehículos financieros como los fondos fiduciarios para infraestructura pública. Estos fondos se conforman por el gobierno actuando como fiduciante, y operan transfiriendo al fiduciario las cobranzas de un determinado impuesto o servicio, con el propósito de aplicar estos fondos a la financiación de obras de infraestructura específicas. Para el período 2003 - 2008, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios estimó un gasto de alrededor de $ 60.000 millones para proyectos de infraestructura, que incluye: construcción de viviendas, programas viales destinados a mantener y expandir la red existente, e inversiones en energía y transporte público. Así, durante 2006, las inversiones que realizó dicho ministerio excedieron en 16 veces a las que se efectuaron en 2002 (durante la crisis económica). La construcción de viviendas y caminos representó un 31% y 28% del total del gasto en obras públicas, respectivamente. Las inversiones en energía y en líneas de alta tensión obtuvieron conjuntamente un 12%. Al comparar estos porcentajes con las cifras alcanzadas en el primer semestre de 2007 (+50% respecto del primer semestre de 2006), se observa un comportamiento similar, excepto para las obras relacionadas con energía que incrementaron a cerca de un 17% del total ejecutado. En lo que respecta a los sectores afectados por restricciones de infraestructura, en los últimos años, el energético aparece como el más crítico. Debido al crecimiento del PBI, superior al 7% anual durante los últimos cuatro años, la capacidad de generación de electricidad actual está cerca de la demanda pico de alrededor de 18.000 megawatts (MW), y la escasez amenaza con limitar el crecimiento de la industria. Las inversiones anuales requeridas en el sector energético se estiman en US$ 1.000 millones, razón por la cual Fitch anticipa que en adelante la inversión pública estará más focalizada en desarrollos relacionados con energía. El crecimiento del sector agrícola también podría verse afectado por restricciones de infraestructura, ya que requiere del soporte de caminos, puertos y centros de almacenamiento. La falta de desarrollo de infraestructura para el sector influye negativamente en la competitividad del mismo, al afectar sus costos, la capacidad de transporte y la utilización del potencial productivo de los campos. En el frente político, dada la proximidad de las elecciones presidenciales en Argentina, se vuelve improbable un progreso importante en la creación de un marco regulatorio sólido y predecible para las concesiones y proyectos de infraestructura. Fitch espera que las inversiones adicionales requeridas sean financiadas principalmente por el sector público. Algunas reformas podrían tener lugar luego de las elecciones, en 2008, pero el sector público debería reflejar un mejor entendimiento de los beneficios que se obtendrían, en términos de calidad y eficiencia, de la participación del sector privado en una mayor cantidad de proyectos. “Hasta que el sector público se convenza de los beneficios de la participación privada en estos proyectos, se mantendrá la incertidumbre respecto del incentivo del sector privado de participar en proyectos de servicios públicos. De lo contrario, en el ínterin el sector privado permanecerá escéptico de participar en proyectos debido a: su desconfianza en un sistema regulatorio débil, el incumplimiento de contratos y la posible intervención política” concluyó Ares. El informe correspondiente se encuentra disponible en idioma inglés en el website de Fitch Ratings, www.fitchratings.com, y en el website de Fitch Argentina www.fitchratings.com.ar. Contactos: Gabriela Catri: Buenos Aires - +54 11 5235-8129. Ana Ares: Buenos Aires - +54 11 5235-8121. Media Relations: Christopher Kimble: New York- +1 212-908-0226